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Suspenden deportación de esposo de una soldado que murió en Afganistán

El Gobierno ha suspendido la deportación de José González Carranza, cuyo caso había desatado una gran polémica por tratarse del marido de una soldado de las Fuerzas Armadas abatida hace casi 10 años en Afganistán, informaron el martes fuentes judiciales.

“¡¡Nuestro cliente está de regreso en Phoenix!! ¡¡ Gracias a todos!!”, escribió en su página de Facebook el abogado Ezequiel Hernández.

El caso se remonta al pasado 8 de abril, cuando un grupo de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) se personó por sorpresa en el domicilio del González Carranza, en la localidad de Phoenix, Arizona.

González Carranza entró irregularmente al país desde México en 2004 y tres años más tarde se casó con Barbara Vieyra, con quien tuvo una hija, Evelyn Gonzalez Vieyra, que es ciudadana estadounidense y tiene 12 años de edad.

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Tras su detención, las autoridades comenzaron los trámites para su deportación y le trasladaron a un centro de acogida de inmigrantes en la localidad mexicana de Nogales, mientras que su hija se quedaba atrás, al cuidado de sus abuelos maternos.

Hija de inmigrantes mexicanos, Vieyra se alistó en el ejército en 2008, pocos meses después de dar a luz a su hija, y se incorporó al cuerpo de la Policía Militar.

El 18 de septiembre de 2010 su patrulla sufrió una emboscada en la provincia de Konar, al este de Kabul, y un artefacto explosivo segó la vida de la soldado de 22 años edad.

Tras esta tragedia, un tribunal optó por dejar a González Carranza en libertad condicional, pese a que pesaba sobre él una orden de deportación por haber entrado ilegalmente al país.

Finalmente, un juez optó por archivar el caso alegando “razones humanitarias urgentes”, según explicó la defensa de González Carranza al diario The Washington Post.

Sin embargo, en 2018, un año marcado por la cruzada del presidente Donald Trump contra la migración ilegal que entra al país por la frontera con México, el ICE reabrió su caso.

González Carranza, de 30 años, debía personarse ante el juez el pasado mes de diciembre pero, según Hernández, su cliente nunca recibió la notificación debido a que fue remitida a una dirección equivocada.

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